Infortunadamente el derecho penal transita por una vía en la teoría y por otra en la praxis. En la primera, no existe ningún autor que teóricamente niegue o desconozca el carácter de ultima ratio y la fragmentariedad del derecho penal. Por ello se han considerado aceptadas varias posturas descriminalizadoras', a partir de las cuales el derecho penal solamente se debe ocupar de un reducido número de conductas transgresoras de la normatividad.
 
En la praxis sucede todo lo contrario, muy pocas reformas penales van en la vía de la descriminalización, la tendencia apunta hacia la expansión del derecho penal con la consiguiente desacreditación del mismo, al no poder dar una respuesta adecuada y oportuna frente a la problemática correlativa de la expansión de la delincuencia.
 
En otras palabras, al derecho penal se le está pidiendo mucho, o al menos, más de lo que debería y podría dar. Como en la parte sustantiva la descriminalización no existe, la dogmática jurídica en todo caso conectada con la política criminal, acuña figuras a través de las cuales se logra restringir la expansión del derecho penal.
 
Ejemplo de ello son aquellas tendencias que propenden por una "reelaboración del tipo penal, de modo que bien se restrinja el campo de acción del mismo a los casos más graves", en este sentido, se podría argumentar que existen conductas formalmente típicas, pero materialmente no, o que no existió conducta, o que esta es bagatelaria.